México ha sido históricamente uno de los primeros países del orbe que acepta y apoya los acuerdos globales o convenios internacionales que, desde 1945, la Organización de las Naciones Unidas promueve en diferentes ámbitos de las relaciones entre las naciones, en temas como el derecho internacional, la paz, la seguridad, el desarrollo económico, los derechos humanos y, por supuesto, en materia de medio ambiente y sustancias químicas.

Hemos ratificado nuestra adhesión a tratados, convenios, protocolos o acuerdos desde 1989, cuando se negoció el Convenio de Basilea a propuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y que entró en vigor el 5 de mayo de 1992. El objetivo de este importante convenio global es el de regular el tráfico transfronterizo de los desechos peligrosos o residuos tóxicos, aplicando el “consentimiento fundamentado previo” y también las partes, o sea las naciones, se obligan a manejar y eliminar sus residuos tóxicos de manera ambientalmente adecuada.

Debido al dinámico crecimiento de la producción y el comercio mundiales de sustancias químicas durante los últimos 50 años, en donde podemos afirmar que la mayoría de las naciones carecen de infraestructura adecuada para vigilar la importación y utilización de miles de sustancias químicas, el PNUMA y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) promovieron desde mediados de la década de 1980 programas voluntarios de intercambio de información y como resultado, después de varios años de negociaciones de 1996 hasta 1998, el texto del “Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional” fue aprobado el 10 de septiembre de 1998, dos años antes de lo convenido. El Convenio entró en vigor el 24 de febrero de 2004.

Una vez que conocimos por medio del excelente texto La primavera silenciosa de la bióloga estadounidense Raquel Carlson, los graves daños a la salud y al ecosistema de los plaguicidas tóxicos, posteriormente denominados contaminantes orgánicos persistentes (COP) y una vez aceptados como una grave amenaza a la salud humana y al ecosistema, en mayo de 1985 el Consejo de Administración del PNUMA pidió en su decisión 18/32 que se realizara un proceso de evaluación internacional de dichas sustancias químicas. Luego de cinco años de enormes esfuerzos y de reuniones y negociaciones que terminaron con éxito en Johannesburgo, Sudáfrica, en diciembre de 2000, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes fue adoptado el 22 de mayo de 2001 y entró en vigor el 17 de mayo de 2004.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se firmó el 5 de junio de 1992 en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Sus objetivos son: “la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible”. El Protocolo de Cartagena que regula la seguridad de la biotecnología, asegurando la manipulación, el transporte y el uso seguro de organismos vivos modificados (OVM) para evitar riesgos adversos a la diversidad biológica y a la salud humana, y el Protocolo de Nagoya que regula el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios de su uso.

El Protocolo de Montreal surge de la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono que nos obliga a reducir y a eliminar las sustancias agotadoras de la capa de ozono, que originalmente fueron la familia de gases refrigerantes denominados clorofluorocarbonos (CFC), que se negoció desde 1987 y entró en vigor el 1 de enero de 1989. Ha sido considerado el más exitoso de los convenios globales debido a la gran colaboración internacional de las partes para la conservación y recuperación de la capa de ozono.

El Enfoque Estratégico para la Gestión Integral de los Productos Químicos a escala internacional, mejor conocido por sus siglas en inglés SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management) que se aprobó el 6 de febrero de 2006 en Dubai, Emiratos Árabes, nos ayudará a reducir los riesgos a la salud y al ecosistema con una mejor gestión de los productos químicos, tanto en su uso como en su producción. Y tenemos como meta el año 2020, para que las partes tengamos los instrumentos necesarios para lograr este importante objetivo.

El Protocolo de Kioto fue aprobado por 156 países y rechazado por Estados Unidos y Australia en el año de 1997, como un instrumento para luchar contra el calentamiento global y propuso como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 5.2 por ciento con respecto a la línea base de 1990, para el año 2012. Los resultados obtenidos no fueron los esperados y el mercado de bonos de carbono que fue planteado como el mejor instrumento para lograr el objetivo, no fructificó. Las consecuencias que hemos sufrido todas las naciones por el calentamiento global han generado una mayor conciencia global que nos llevó a una nueva negociación en la reunión de París, Francia.

El Acuerdo de París se firmó el 12 diciembre de 2015, en el seno de la Convención Marco de Cambio Climático, para “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”; “conscientes de que el cambio climático representa una amenaza apremiante y con efectos potencialmente irreversibles para las sociedades humanas y el planeta”, cada nación ofreció sus metas de reducción de GEI, particulares y específicas, las cuales deberemos cumplir a partir de 2020 y hasta 2030, con revisiones cada cinco años y cuya ratificación estará abierta del 22 de abril de 2016 al 21 de abril de 2017.

De manera especial debo referir el caso del Protocolo de Montreal en donde la instrumentación con el sector privado, tanto productores como fabricantes de los gases refrigerantes en cuestión como los fabricantes de equipos de refrigeración y aires acondicionados domésticos e industriales, fue por demás exitosa. No así en el caso de la destrucción de dichos gases. Desgraciadamente no previmos un sistema efectivo de control y vigilancia sobre los talleres y empresas dedicadas al acopio de los equipos de refrigeración y aires acondicionados que no están debidamente capacitados ni cuentan con los equipos adecuados para la recolección y destrucción ambientalmente adecuada de esos gases.

En el caso del Convenio de Basilea, tampoco podemos decir que estamos controlando adecuadamente el tráfico ilegal de residuos peligrosos, toda vez que nuestras fronteras prácticamente están abiertas, debido a la enorme corrupción de nuestros funcionarios de aduanas. Existe un grupo de más de 50 empresas autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),localizadas en toda la república mexicana, sobre todo en la zonas industriales en Mexicali, Tijuana y Tecate, Baja California, en Saltillo, Coahuila, en Monterrey, Nuevo León, en León, Gto., en San Luis Potosí, S.L.P., en Guadalajara, Jalisco y en la Zona Metropolitana del Valle de México, que acopian y dicen que “tratan y reciclan” residuos peligrosos que recolectan y en el caso de la frontera noroeste, importan residuos peligrosos provenientes de Estados Unidos. En la realidad no es así. El poco control y rastreo puntual del destino final de lo reciclado y de los residuos del reciclado de este tipo de residuos peligrosos que mantiene al día de hoy, la Semarnat, permiten que estas empresas hagan de las suyas. Y no vemos cercano el día que la Semarnat, quiera tener un verdadero control y rastreo de los residuos peligrosos en nuestro país, no solo saber la realidad de la generación de dichos residuos por parte de los generadores, sino el control y rastreo puntual del transporte y por supuesto las etapas de acopio, tratamiento y reciclaje, además del destino final que podría ser o la incineración o la disposición final en los 3 confinamientos que están autorizados para ello.

La Semarnat puede autorizar la importación de residuos peligrosos, pero solamente aquellos que sean reciclados, esa es la regla. Pero en el caso de las empresas de la frontera noroeste, no es así. Muchas empresas se las ingenian para hacer trampa y no cumplir cabalmente con sus obligaciones.

Sabemos que nuestra Procuraduría Federal de Protección al Ambiente está rebasada, debido al poco personal de vigilancia e inspección con el que cuenta, además de la corrupción que no podemos evitar. Sabemos que es incapaz de poder vigilar permanentemente a todas las empresas, no solamente a las generadoras de residuos peligrosos sino también a las que se dedican al acopio, tratamiento, reciclado, incineración y disposición final de los residuos peligrosos. Todas ellas, a mi juicio, deberían tener una vigilancia especial, por su propia naturaleza.

Un documento viejo

El nuevo Plan de Implementación del Convenio de Estocolmo, es simplemente un documento “viejo” que repite los mismos tímidos y pequeños objetivos respecto a la eliminación de los contaminantes orgánicos persistentes (COP), que ya no son 12, sino 23. Tenemos ahora 11 nuevas sustancias químicas que son altamente tóxicas para nuestra salud y el ecosistema. Muchas de ellas son retardantes de flama que se usan en la fabricación de fibras textiles y plásticos que usamos en forma generalizada. Otros son fungicidas, aislantes térmicos para la industria y otros se utilizan para fabricar partes eléctricas, electrónicas, espumas y fluidos hidráulicos. Nuestro gobierno federal no tiene la menor intención de asignar recursos económicos a la difusión e implementación de esta actualización del Plan de Implementación del Convenio de Estocolmo. Los mexicanos no conocen ni conocerán pronto los graves riesgos a la salud que provocan estos 23 COP.

En el caso de Convenio de Rotterdam, tenemos el mismo problema. Nuestro marco legal y normativo no permite un verdadero control de las sustancias químicas que entran a nuestro país. En primer lugar, carecemos de un registro nacional de sustancias químicas. Y nuestras aduanas permiten el contrabando de muchas sustancias químicas que ni siquiera sabemos cuáles son. Sí sabemos que entran más de 200 tipos de plaguicidas de forma ilegal, además de pilas y baterías.

Respecto al Convenio de Diversidad Biológica, recientemente se realizó la COP13 del Convenio de Diversidad Biológica en Cancún, Quintana Roo, con la asistencia de más de 190 países. En este caso tenemos graves problemas con el enorme poder económico de las grandes corporaciones transnacionales que doblegan a nuestro gobierno federal para imponer sus prácticas y tecnologías en el caso de los organismos genéticamente modificados.

Respecto al SAICM, se nos está acabando el tiempo. Ya tenemos que demostrar acciones concretas y resultados palpables de que estamos trabajando para reducir el riesgo de las sustancias químicas en el año 2020. Nuestro gobierno federal, en este caso su entidad especializada denominada Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, sigue sin ayudarnos a prohibir más de 30 plaguicidas altamente tóxicos que ya están prohibidos en el ámbito mundial. Ni siquiera hemos podido evitar el uso del glifosato, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud nos informó el día 20 de marzo de 2015 que el glifosato es “un probable carcinógeno para los seres humanos”. Tenemos reuniones y más reuniones en grupos de trabajo y pocas en el pleno del Comité Consultivo Nacional para la Gestión Integral de Sustancias Químicas, Compuestos Orgánicos Persistentes y Residuos Peligrosos Sujetos a Convenios Internacionales en Materia Ambiental de la Semarnat pero los avances son insignificantes. Debido, entre otras razones, al grave desinterés de nuestros funcionarios federales, tanto de la Semarnat como de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Cofepris. No existe la coordinación real entre estas instancias, para cumplir o tratar de cumplir nuestras obligaciones globales.

En el terreno del combate al calentamiento global, solo debo decir que las metas comprometidas en el Acuerdo de París son simplemente buenos deseos, México sigue impulsando el uso de combustibles fósiles como lo demuestra la reforma energética. Y el avance en el uso de energías verdes es lento. Ni siquiera tenemos todavía nuestros inventarios nacionales de gases de efecto invernadero verificados, es decir, ni siquiera conocemos las emisiones reales como país de GEI.

En conclusión: nuestros últimos tres gobiernos federales y el actual, en materia de acuerdos y convenios globales, simplemente son candiles de la calle y oscuridad en sus casas. Gobiernos simuladores e irresponsables con la salud de los mexicanos y con el planeta.