Ing. Carlos Alvarez Flores

Presidente de México, Comunicación y Ambiente

El fracaso de la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en nuestro país, a pesar de contar desde 1996, con una norma oficial mexicana específica, la NOM-083-SEMARNAT-2003; desde el año 2004, una moderna Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos; y desde el 9 de noviembre de 2009 un Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos; obedece a la falta de voluntad de 3 actores que son los responsables directos que tienen nombre y apellidos. Me refiero en primer término a los Organismos y Entidades Estatales en materia ambiental. En segundo lugar a  la Autoridad Federal, encarnada por la Semarnat y la Profepa y en tercer lugar a los Presidentes Municipales de nuestro país. Esto independientemente de que como ciudadanos, cada uno de los mexicanos somos responsables de los RSU que generamos diariamente en nuestros hogares. No hemos podido manejar y disponer adecuadamente los Residuos Sólidos Urbanos, que siguen impactando gravemente nuestros recursos naturales. Los graves impactos que generamos en los Tiraderos a cielo abierto, de ciudades como Villahermosa, Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao, Guanajuato capital, Veracruz, San Cristóbal de las Casas, Empalme, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Oaxaca y la propia ciudad de México,  D. F. son ocasionados fundamentalmente por los lixiviados, esos líquidos tóxicos, resultado de la mezcla de una extensa variedad de sustancias químicas, como los quitaesmaltes, tintes de pelo, raticidas, plaguicidas, quitacochambres, jabones, detergentes, aceites lubricantes, aceites vegetales, de los residuos orgánicos y del cloro, además de residuos peligrosos y biológico-infecciosos; que son los que contaminan el suelo, el subsuelo y en muchos casos los acuíferos superficiales. En casos extremos como Celaya esos lixiviados son vertidos al Río Laja, con los consecuentes daños a la salud de miles de guanajuatenses que comen las legumbres que son regadas con agua contaminada de este Río. En Salamanca el Tiradero está a solo 20 metros de un pozo de agua, bajo de los cables de la CFE que llevan 115,000 volts. En Oaxaca, Salamanca y San Luis Potosí, los lixiviados no solamente han contaminado los acuíferos superficiales de las zonas en donde se encuentran, sino que derrames de esos lixiviados han afectado decenas de hectáreas de terrenos aledaños a sus tiraderos. En Veracruz el Tiradero está a solo 200 metros de una laguna. Y en el caso de Puerto Vallarta existen asentamientos urbanos a solo 10 metros de la montaña de más de 2 millones de toneladas de RSU que tiene su Tiradero “Magisterio”. Y por si fuera poco en Empalme cada 4 semanas incendian intencionalmente su Tiradero a cielo abierto, denominado “El Basurón”, afectando gravemente la salud de 1,500 habitantes del Ejido Maytorena. Pero la joya de la corona es sin duda el Tiradero más grande de Latinoamérica, Bordo Poniente, que tiene impactadas más de 400 hectáreas con más de 70 millones de toneladas de RSU, que generan más de 2.5 millones de metros cúbicos de lixiviados al año y aportando más de 550,000 toneladas de CO2 equivalente al año generando el calentamiento Global. Todo ello, sin considerar la contaminación organoléptica que afecta la salud de miles de pepenadores que siguen envenenándose en todos estos tiraderos. También es responsable la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente debido a que en todos estos Tiraderos a cielo abierto existen decenas de miles de toneladas de Residuos Peligrosos que indebidamente ingresan a todos estos sitios. La indiferencia y omisión de la aplicación de las Leyes y Reglamentos en materia ambiental por parte de la Autoridad Federal, es imperdonable. Desde hace 8 años, hemos propuesto la creación (dentro del Poder Judicial) de los Tribunales Especializados en Materia Ambiental, por cierto, sin éxito. Es en el caso de la Profepa en donde hemos tenido la más grande ausencia. ya que es bien sabido (por todos los que conocemos la Gestión Ambiental en nuestro país), que cuando quiere, la Profepa puede no solo clausurar de forma total y definitiva alguna empresa, sino llevar hasta la cárcel a los responsables de delitos ambientales. Pero en el caso de los RSU, simplemente se ha convertido en cómplice de los graves daños e impactos ambientales que afectan a los nuestros recursos naturales y sobre todo a la salud de los mexicanos. Pero lo más significativo del fracaso total de la Política Ambiental en materia de Residuos Sólidos Urbanos de nuestro país, es sin duda la gran irresponsabilidad de las Autoridades Estatales, como la Secretaría de Protección Ambiental del Estado de Baja California, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental en San Luis Potosí; la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental del Estado de Tabasco, el Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca, la nueva Procuraduría de Protección al Ambiente de Veracruz y la Secretaria de Medio Ambiente del GDF, entre otras, quienes no han querido obligar a sus Ayuntamientos a clausurar sus Tiraderos a cielo abierto como lo exige la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 que señala claramente como fecha límite para su clausura el 30 de junio del 2008; además de no aplicar estrictamente sus propias Leyes Ambientales Estatales. Y por supuesto no debemos dejar de señalar que los Presidente Municipales de nuestro país,  simplemente han demostrado en los hechos, el más alto grado de irresponsabilidad e ignorancia en materia ambiental y por supuesto que también se han convertido en los más cínicos actores en la Gestión Ambiental en nuestro país, arguyendo que “no tienen dinero”, cuando todos sabemos que más del 75 % de los presupuestos municipales son destinados al pago de sueldos y salarios de cientos de burócratas, sobre todo en el área de Servicios Municipales, como Oaxaca capital que paga anualmente 85 millones de pesos, para mantener a 900 empleados holgazanes que tienen a la ciudad de Oaxaca como un muladar.  El GDF que teniendo 20,000 empleados para barrer y recolectar sus 12,500 toneladas de RSU dariamente, que cuestan unos 500 millones de pesos anuales, siguen mantienendo al D.F. como una de las ciudades más sucias de nuestro país. Todas estas importantes ciudades no cumplen con su obligación constitucional del barrido, recolección, traslado, separación y aprovechamiento y disposición final adecuada de sus RSU, precisamente porque esos burócratas municipales aunados a las mafias de pepenadores, son la base política de los votos que utilizan los Presidentes Municipales en turno, para posteriormente aspirar a otros cargos públicos, como Diputado Local o Federal y en algunos casos Senador y hasta Gobernador. Esto sin considerar que en todo este caos ambiental generado por el indebido manejo de los RSU, existen recursos económicos de la venta de los materiales reciclables por parte de las dos mafias, la de los propios empleados de Servicios Municipales y la de los pepenadores; recursos económicos que no ingresan al Ayuntamiento legalmente, sino que se quedan en las manos de estas mafias y por supuesto de unos cuantos funcionarios municipales que lo permiten.