Por Carlos Álvarez Flores

Presidente de México, Comunicación y Ambiente, A.C.

La vida urbana moderna impone una conducta en la que diariamente consumimos artículos, enseres, medicamentos, productos y alimentos empacados, situación que nos lleva a generar aproximadamente un kilo de residuos sólidos urbanos (RSU) por habitante al día a nivel nacional. Lo anterior desencadena una producción de 45 millones de toneladas de RSU anuales, de las cuales, en el mejor de los casos, sólo 40% recibe un manejo adecuado. Esto significa que 27 millones de toneladas anuales de RSU literalmente son tiradas en sitios que no cumplen con la NOM-083-SEMARNAT-2003; es decir, que distan mucho de ser rellenos sanitarios. Se trata de sitios controlados, pero que ocasionan graves impactos en el suelo, subsuelo, acuíferos superficiales y, sobre todo, producen contaminación organoléptica. Además, dichos tiraderos o vertederos generan enormes cantidades de biogas, que está formado en 50% de CO2 y 50% de metano, ambos considerados gases de efecto invernadero (GEI) que calientan el planeta.

Debemos reconocer que los 125 millones de mexicanos no tenemos la educación ambiental necesaria. Como todos sabemos, México está reprobado. De acuerdo con la evaluación que realizó el Foro Económico Mundial en 2013, nuestro país ocupó el lugar 102 en una lista de 122, mientras que Suiza, Finlandia, Singapur, Holanda, Suecia, Alemania, Noruega, Reino Unido, Dinamarca y Canadá son los primeros 10. Sobre nuestros vecinos del sur, Chile tiene el lugar 36, Panamá el 42, Uruguay el 48 y Brasil el 57. Nuestros estudiantes sólo asisten 8.6 años en promedio a la escuela, en comparación con las naciones de la comunidad europea, que van 14 años. Además, los gobiernos nacionales no han podido dar empleo, educación, un ambiente sano, servicios de salud, cultura, deporte y esparcimiento a los ciudadanos, de manera que podemos afirmar que el modelo económico-político-administrativo de nuestro país no ha podido cubrir las necesidades de sus habitantes, y sabemos que la forma de gastar nuestros presupuestos no es eficiente ni transparente. Sigue prevaleciendo la corrupción y la impunidad en su manejo.

Así, los tres niveles de gobierno —municipal, estatal y federal— no permiten la correcta distribución de responsabilidades. Pareciera que cada uno es una entidad independiente y lejana. La poderosa federación maneja de manera exclusiva los recursos económicos que capta mediante los impuestos que pagamos, y se encarga de “transferir” a las entidades federativas y municipios los recursos que “les corresponden”. Sin embargo, los criterios que utiliza son meramente políticos y no se relacionan con las verdaderas necesidades de cada región. Los partidos políticos, cuando se convierten en gobiernos, ejercen un control total en la asignación de puestos de confianza y plazas de base en la enorme burocracia oficial. Por lo tanto, los empleados públicos no tienen, en la mayoría de casos, ni el perfil ni las capacidades para dar buenos resultados; esto sin considerar que existen miles de puestos que no son desempeñados por sus titulares, quienes son simplemente aviadores.

Este es el caso de los empleados de los sistemas de aseo y limpia de los 2 445 municipios de nuestro país, quienes a pesar de que puedan cobrar sueldos raquíticos de 5 000 pesos mensuales, representan una carga onerosa y un grave obstáculo para resolver el problema del buen manejo de los RSU. Ya que en la mayoría de ayuntamientos existen decenas y en algunos casos, cobran y no trabajan, cientos de aviadores como en Oaxaca capital y en el propio Distrito Federal, ahora Ciudad de México, existen miles de ellos. Cobijados por la figura de los sindicatos, diría yo, mafias. Listas para votar por el partido político en turno. También debemos reconocer que debido a la falta de oportunidades de empleo, generada por la poca educación y por nuestro modelo económico-político-administrativo fallido muchos mexicanos no tienen otra opción más que convertirse en pepenadores. El resultado de estas condiciones económicas y políticas es la formación de dichos grupos o mafias que, por supuesto, ejercen un control sobre los residuos sólidos urbanos, que en algunos casos escandalosos, como el del puerto de Veracruz, Oaxaca o Mexicali, deciden y determinan cómo y quiénes deben recibir los beneficios de la pepena o reciclaje a pequeña escala.

Por otra parte, la exclusividad en la responsabilidad de los ayuntamientos para ejercer obligadamente la limpia, barrido, recolección, separación y reciclaje, transporte y disposición final de los RSU que se generan en sus territorios, ocasiona que los otros dos niveles de gobierno (entidades federativas y federación) se hagan de la vista gorda en la realización de dichas actividades. Además, sabemos que invertir en una buena gestión y manejo de RSU en un ayuntamiento no significa para los presidentes municipales buena rentabilidad política; por eso, no es su prioridad y no asignan los recursos necesarios para resolverlo. Utilizan su escaso presupuesto para obras de infraestructura urbana que se vean y se puedan presumir. Los ayuntamientos destinan, en la mayoría de los casos, hasta 75% de sus presupuestos en el pago de sueldos y salarios de su burocracia (que, por cierto, aumenta cada día). Como ejemplo, hace tres años, me confesó el joven irresponsable expresidente municipal panista de Irapuato, Sixto Zetina, textualmente: “ingeniero Álvarez, ese tema de la basura no me deja ningún beneficio político para mi futura carrera política”, en respuesta a mi exigencia de que el ayuntamiento a su cargo en la gestión de 2012 a 2014 resolviera el grave problema que significa el tiradero Peñitas, y así mantener limpio Irapuato. Por lo tanto, tenemos que aceptar que este problema debe ser resuelto de otra manera. Todas las ciudades del mundo, en la comunidad europea, en los países asiáticos o en Estados Unidos cobran una cuota por vivienda y por el servicio de recolección de RSU. Solamente en nuestro país no es así, y la única manera de resolver este círculo perverso es que nos decidamos a modificar el marco legal para alcanzar la solución a este problema.

En primer lugar, debemos establecer en las normas, leyes y reglamentos respectivos la obligatoriedad de cobrar los servicios de limpia, barrido, recolección, separación y reciclaje, transporte y disposición final de los RSU que generamos en nuestros hogares. Al respecto, existen casos de éxito aislados, como el de Puebla, que desde hace 22 años cobra unas cuotas por el servicio de recolección y disposición final de residuos que producen sus habitantes. El monto asciende a 250.80 pesos anuales, al nivel popular; 611.52 al nivel medio y de 811.20 al residencial. En tanto, los establecimientos comerciales e industrias, por recipiente de 200 litros, pagan 68.47; 1.09 pesos por kilo y 344.52 por metro cúbico. Estas cuotas son autorizadas por el congreso local, quien también autorizó la creación del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, descentralizado y con un presupuesto propio, que en 2015 fue de 305 millones de pesos. Con este monto, la ciudad contrató empresas privadas responsables, con experiencia previa y capital propio para resolver este importante problema. La solución también estuvo en eliminar las mafias de holgazanes empleados aviadores y en dar oportunidad a los pepenadores de salir del sitio de disposición final y recolectar diferenciadamente en los hogares poblanos los residuos limpios y separados, para su reciclaje.

Pero también tenemos presidentes municipales, que empujados por intereses personales, como en el caso de Cuernavaca y San Luis Potosí quienes, teniendo un contrato de concesión con empresas reconocidamente responsables, han decidido regresar a la municipalización del servicio de recolección y disposición final de los RSU, desconociendo los enormes adeudos que tienen con ellas y sobre todo regresando al caos en el manejo inadecuado de los RSU. Dejando a la población en manos de grupos sociales que por supuesto no cumplen sus propios reglamentos de limpia y recolección, ya que lo realizan en carcachas contaminantes, y hasta en carretas. Obviamente sin recolectar el total de los RSU generados en sus ayuntamientos y sobre todo con un pésimo manejo en la disposición final como lo está demostrando el ayuntamiento de San Luis Potosí, que a pesar de que ya se habían invertido más de 10 millones de pesos en una clausura avanzada un 80 % en el tiradero de Peñasco, ahora nuevamente se ha convertido en un muladar, que evidentemente no cumple la NOM-083-SEMARNAT-2003 y que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, que dirige Ivette Salazar Torres, ha sido incapaz de corregir.

Esto es lo que no debe suceder. Es necesario legislar en la materia, a fin de evitar que los ayuntamientos sigan sin cumplir con la NOM-083-SEMARNAT-2003, por los graves impactos al ecosistema y a la salud de los mexicanos. Pero sobre todo no permitir que por decisiones de interés personal y político de los presidentes municipales, se deje de cumplir la obligación expresa de los ayuntamientos de dar un adecuado manejo de los RSU y desvíen los recursos económicos a campañas políticas u otros rubros, sin que las entidades Federativas ni la Federación hayan hecho nada para evitarlo. Ya es tiempo de los tres niveles de gobierno junto con los diputados federales de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara se pongan de acuerdo para resolver este problema que nos muestra como un país sucio e irresponsable. Ya tenemos el ejemplo de Puebla capital, que nos muestra una buena forma de hacerlo.