Uno de los objetivos más importantes de mi organización ambientalista, México Comunicación y Ambiente, A.C. durante 19 años, ha sido la vigilancia del cumplimiento estricto de nuestro marco normativo ambiental. Sobre todo en el manejo de los residuos. Toda vez que su generación aumenta cada día y consecuentemente, si no se manejan como lo marcan nuestras normas oficiales mexicanas, leyes y reglamentos, los impactos ambientales son mayores. Ahora debemos ayudar en la lucha contra el calentamiento global y de acuerdo con los nuevos compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ante el acuerdo de París, el manejo adecuado de nuestros residuos se convierte en una necesidad imperante para reducir el calentamiento global.
En el caso de los residuos sólidos urbanos sabemos que la biodegradación de la fracción orgánica genera biogás, que se compone aproximadamente de un 50 % de CO2 y un 50 % de metano (CH4), ambos gases de efecto invernadero, que calientan el planeta. Por eso es indispensable que cuando menos, los manejemos como lo señala nuestra norma oficial mexicana NOM-083-Semarnat-2003. Para reducir, quemando el metano, el impacto unas 28 veces. Pero sabemos que no es así. Hoy debemos tener más de 1,500 tiraderos a cielo abierto a nivel nacional, que están impactando cuando menos 25,000 hectáreas de suelo y subsuelo y contaminando muchos cuerpos de agua y acuíferos superficiales. Eso sin contar la contaminación organoléptica y las emisiones de GEI.
La gran irresponsabilidad de los presidentes municipales y sus cabildos y ahora también de algunos gobernadores, demuestran en los hechos, que estamos muy lejos de resolver este enorme problema que está convertido en un verdadero caos ambiental.
En el caso de mis denuncias en contra los tiraderos a cielo abierto de los Ayuntamientos del puerto de Veracruz (primero en 2011 y recientemente en 2016), Coatzacoalcos, Minatitlán e Ignacio de la Llave, en el estado de Veracruz, que presenté ante la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, cuyo titular es Ricardo Colorado Alfonso, funcionario mediocre que trabajó en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en su Delegación en el estado de Veracruz y su subprocurador jurídico, igual de mediocre, Mauro Jorge Mora Pavón, no me han contestado los oficios resolutivos de mis cuatro denuncias, que se realizaron desde hace 9 meses. Y por supuesto, ni pensar que los tiraderos a cielo abierto han cambiado. Esta instancia estatal, es simplemente una oficina decorativa, que en los hechos, no ayuda a resolver el problema. Otro ejemplo, es mi denuncia en contra del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, por su vergonzoso tiradero denominado El Iztete, presentada el 26 de septiembre de 2017, tampoco he recibido, a casi 6 meses, el oficio resolutivo de parte del Procurador Javier Adame Galván, titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Nayarit. Y mi denuncia más reciente, presentada el pasado 5 de marzo ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en su Delegación del Estado de Tlaxcala, cuyo titular es el Ing. Julio Alberto Ramos Tenorio, en contra del gobierno estatal de Tlaxcala, que encabeza el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y también en contra de su coordinador general de Ecología, Efraín Flores Hernández, que son responsables de la operación de cuatro tiraderos a cielo abierto, ubicados en Tetla, Panotla, Huamantla y Nanacamilpa, en el estado de Tlaxcala, en lo que ellos denominan el Plan Rector para el manejo de los residuos sólidos de Tlaxcala. En este caso, es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la única autoridad que puede y debe sancionar a una autoridad estatal, como lo es el Gobierno estatal de Tlaxcala y su Coordinación General de Ecología. De acuerdo con el texto de la norma oficial mexicana NOM-083-Semarnat-2003, que en su numeral 14.1 dice: “La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. Las violaciones a la misma se sancionarán en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sus reglamentos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y demás ordenamientos jurídicos aplicables”.
Otro ejemplo que muestra claramente como las autoridades estatales encargadas de hacer cumplir la norma oficial Mexicana NOM-083-Semarnat-2003, no hacen su trabajo. El viernes 9 de marzo del 2018, a las 4:00 horas se registró el noveno incendio en un dizque relleno sanitario privado, denominado Operadora de Rellenos Sanitarios, S.A. de C.V.(Opresa), cuyo dueño al parecer es el señor Francisco Javier Guerra, quien desde 2003, obtuvo su autorización por parte del Instituto Muncipal de Ecología de Celaya-ahora extinto- que dirigía José Leobardo Cornejo Ramírez (personaje que no tuvo empacho en hacer la manifestación de impacto ambiental para este relleno sanitario en su propia empresa denominada Entorno Soluciones Ambientales, S.A de C.V.) personaje que fué director en dos ocasiones de este organismo municipal y que tuvo entre sus muchas irregularidades, procedimientos administrativos inadecuados de los recursos públicos que manejó y fué sancionado por la Contraloría Municipal el 26 de Agosto de 2016, en el Acta de Cabildo No. 28 /2016 y que en el expediente S.Q.D.S./PAR/005/2016 se resuelve su inhabilitación por un periodo de seis meses para ocupar cargo público a José Leobardo Cornejo Ramírez, ex director del Instituto Municipal de Ecología de Celaya. Señalo lo anterior, porque es precisamente este sujeto, Leobardo Cornejo el que por muchos años protegió a la irresponsable empresa Opresa, a que operara sin cumplir los requerimientos técnicos que exige la norma oficial mexicana referida. Y también debo decir que durante esos 15 años que tiene operando este sitio, que realmente es un tiradero a cielo abierto, la antigua Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato, ahora convertida en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, que dirige otro celebre personaje de nombre Juan Pablo Luna Mercado, que ya tiene más de 10 años anquilosado en su cargo, tampoco ha querido aplicar la ley, clausurando este sitio, después de tantos incendios. Estas solo son pruebas que muestran la gran corrupción a irresponsabilidad de las autoridades estatales ambientales. En este caso, sin temor a equivocarme, puedo decir que Juan Pablo Luna Mercado es un funcionario corrupto e inepto, que desafortunadamente por compromisos politicos desde la gestión del ex gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez colocaron en la PAOT-Gto. a este personaje, que por cierto salió del Instituto de la Vivienda del Ayuntamiento de León, Gto. por problemas precisamente de malos manejos de los recursos públicos.
Y para constatar mi dicho, puedo mencionar otras 5 denuncias que he presentado ante la PAOT que dirige Juan Pablo Luna Mercado, desde hace 9 años en contra de los Ayuntamientos de Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya y simplemente no pasó nada, ni sancionó, ni clausuró niguno de estos tiraderos a cielo abierto que hoy siguen contaminando suelo, subsuelo, probablemente acuíferos superficiales, generando contaminación organoléptica y generando enormes cantidades de biogas. Sin que nadie pueda hacer nada al respecto. En cuanto a la contaminante e irresponsable empresa Operadora de Rellenos Sanitarios, S.A. de C.V. yo mismo la denuncié el 30 de abril del 2007(cuando el Procurador era Miguel Angel Torrijos Mendoza) y en aquél momento ya había registrado dos incendios. Este fin de semana el titular de Protección Civil y Bomberos de Celaya, Guanajuato, Iram Alvarez declaró ante los medios de comunicación que esta tramposa empresa lleva 9 incenidos en sus instalaciones. Esto es insólito. Solo sucede en nuestro país.
Debo mencionar otro caso ejemplar, que es el de Empalme, Sonora ayuntamiento que denuncié el 24 de octubre del 2011 ante la antigua Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, que era la responsible de hacer cumplir a los ayuntamientos del Estado de Sonora, la NOM_083-Semarnat-2003, ahora ya existe la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora y puedo decir con certeza que a 6 años y 5 meses persiste el grave problema de incinerar indebidamente los residuos solidos urbanos que el ayuntamiento de Empalme recolecta en su terrotorio, afectando gravemente la salud de mas de 500 habitantes del ejido Maytorena y apesar de algunas promesas, todavía no está solucionado. Sigue siendo un simple tiradero a cielo abierto el sitio denominado El Basurón, con el agravante de que el propio personal del ayuntamiento incinera indebidamente, cada tres o cuatro semanas, los residuos sólidos urbanos que llegan a El Basurón , en contra del Artículo 100, de nuestra Ley General para la Gestión Prevención y Gestión Integral de los residuos y por supuesto en contra de las obligaciones del Convenio de Estocolmo, que señala claramente la reducción y eliminación de dioxinas y furanos por parte de las naciones firmantes como México.
El 10 de noviembre del 2011, también denuncié al ayuntamiento de Guaymas, Sonora por la sencilla razón de que su presidente municipal, César Adrián Lizárraga Hernández, tenía tiraderos en todo el territorio del ayuntamiento, algo así como 10,000 toneladas en más de 12 tiraderos a cielo abierto. Un año después, el nuevo presidenet municipal Otto Claussen Iberri, se le ocurrió rentar un terreno privado y sin permiso de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, que era la autoridad competente para autorizar un relleno sanitario, simplemente empezó a tirar decenas de toneladas diarias de residuos sólidos urbanos en un terreno privado, con los consecuentes daños al suelo, subsuelo y al acuífero superficial de la zona. Sin que nadie, pudiera hacer algo para evitarlo. Y mis denuncias jamás fueron atendidas.
Para terminar con ejemplos emblemáticos, debo señalar mi denuncia ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, cuyo titular era Sergio Enrique Arias García, el 19 de mayo de 2014, en contra del ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco por su enorme tiradero denominado El Gavilán. Hoy a 3 años y 10 meses, este tiradero que está bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco sigue en funciones, con graves daños al ecosistema, sin que la autoridad estatal o federal lo impida.
Estos son algunos ejemplos que he vivido en los últimos años, que prueban y demuestran que el irresponsable manejo que dan los ayuntamientos y también muchas de empresas privadas no cumplen con nuestra normatividad ambiental vigente. Y que todo ello se debe en gran parte a que las autoridades estatales no hacen cumplir la norma oficial Mexicana NOM-083-Semarnat-2003 ni la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos vigentes. Por todo esto puedo afirmar que nuestro país vive un caos ambiental.
*Presidente de México, Comunicación y Ambiente, A.C. www.carlosalvarezflores.com y twitter @calvarezflores